La Justicia de Orán intimó a las petroleras YPF y President Petroleum a presentar un plan para el cierre definitivo y la remediación ambiental del pozo Lomas de Olmedo X-10, ubicado en Pichanal, al norte de Salta. La medida establece un plazo de 10 días hábiles y exige acciones inmediatas para frenar la dispersión de hidrocarburos que afectan los suelos, las napas de agua y los bosques nativos de la región.
La decisión se produjo en el marco de un pedido de la Unidad Fiscal y después de años de reclamos de las comunidades, investigaciones y acciones impulsadas por organizaciones ambientalistas. Entre ellas, Greenpeace Argentina, que acompañó la preocupación por el impacto de este pasivo ambiental.
El caso, conocido como el del “Chernobyl salteño”, volvió a poner en el centro de la agenda la necesidad de remediar los sitios afectados por la actividad petrolera y establecer responsabilidades frente a los daños ambientales.
Qué deberán hacer YPF y President Petroleum para remediar el pozo petrolero
De acuerdo con la resolución judicial, las empresas deberán presentar, dentro de los próximos 10 días hábiles, un plan que contemple el cierre definitivo del pozo Lomas de Olmedo X-10 y la remediación ambiental del área afectada.
Además, la Justicia exigió la implementación inmediata de un plan de contingencia para detener la dispersión de fluidos e hidrocarburos. El objetivo es evitar que la contaminación continúe extendiéndose sobre los suelos, las napas de agua y los bosques nativos del norte salteño.
Uno de los puntos centrales de la decisión es que YPF y President Petroleum deberán afrontar las medidas de manera solidaria. Esto representa un antecedente relevante en materia de responsabilidad empresarial frente a los pasivos ambientales, especialmente en aquellos casos en los que las consecuencias de una actividad productiva persisten durante años.
La resolución busca avanzar tanto en el cese de los riesgos ambientales como en la reparación del área afectada.
La presión ciudadana, un factor clave en el reclamo ambiental
La decisión judicial llega después de años de reclamos de las comunidades de la zona y de distintas acciones destinadas a visibilizar la situación del pozo petrolero. La campaña también contó con una petición que reunió el respaldo de casi 130.000 personas.
Desde Greenpeace Argentina destacaron la importancia de la resolución y el papel de la participación ciudadana en el avance del caso.
“El dictamen judicial es un importante avance y el resultado de la movilización y la presión ciudadana”, sostuvo Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
El pronunciamiento representa un paso importante para exigir medidas concretas frente a la contaminación y avanzar en la remediación de un área afectada por la actividad petrolera.
Sin embargo, la orden judicial no significa que el cierre y la recuperación ambiental ya se hayan completado: las empresas deben presentar el plan exigido e implementar las medidas de contingencia establecidas.
El caso vuelve a plantear un desafío fundamental para la protección de la naturaleza: garantizar que los responsables de los pasivos ambientales adopten medidas efectivas para frenar la contaminación y reparar los daños ocasionados.
